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Como si fuera una cacería de
brujas, El Jíbaro irrumpió en los negocios con las copias
ilegales que había
comprado su esposa Michelle, quien filmaba con una cámara de
vídeo e increpaba
a los gerentes y propietarios de los locales sobre la procedencia de
las
versiones piratas de “Mi parranda”.
“Es más importante para nosotros
desenmascarar ante el público esta situación y paralizar
este proceso ahora,
que ir por los canales legales para que no pase nada, aunque yo
también
contemplo ir a los tribunales”, dijo Andrés.
En Bernardo Music Center,
Michelle Negrón encontró dos versiones de la
grabación. Juan D’Dios, gerente de
la tienda, insistió que se lo vendieron más barato, a $4.
Andrés le preguntó si
conocía que
al vender una copia pirata incurría en una violación de
ley. Juan D’Dios
respondió que sí y también admitió que, por
ser Navidad, no le cobra el
impuesto a las ventas a su clientela. D’Dios le pidió
perdón a El Jíbaro, pero
éste le dijo que no. Nervioso, le advirtió que lo
demandará y que tendrá que
enfrentar la justicia.
En la tienda Bernardo Bachata los
ánimos se caldearon y un caballero no identificado se
molestó con El Jíbaro y
lo criticó en tono amenazante. Michelle Negrón
recuperó el dinero que pagó por
las copias ilegales, pero las retuvo como evidencia a su favor en los
tribunales.
La empleada Sonia Alvarado
aseguró que las copias ilegales de “Mi parranda” presuntamente
las adquirió en
El Pulguerazo. En horas de la mañana, otra empleada
intentó vincular a Disco
Hit con la distribución de mercancía ilegal, pero el
ejecutivo Pablito Aponte
reiteró que la piratería nunca ha sido política de
su empresa.
“En Disco Hit no nos involucramos
en eso. La piratería nos está afectando mucho. Le
distribuimos a muchos clientes
que también le pueden comprar a otras personas”, sostuvo Aponte.
En Cobra Music, el dueño y
gerente Edwin Vázquez, quien es luchador profesional, se
molestó con Andrés e
intentó intimidar al compañero fotoperiodista Juan Alicea
con el argumento de
que no es figura pública.
Vázquez reiteró que si
regresa el
vendedor de las copias piratas nuevamente se las compraría
porque
distribuidoras como la de Aponte y Nacional los venden muy caros.
“El negocio del disco está j… y
si aparece alguien por ahí con una caja, los compro porque no se
pueden comprar
en las distribuidoras, que tienen un monopolio, porque Pablo Aponte y
Nery
González tienen sus distribuidoras y también sus tiendas
al detal y ponen los
discos a $9.99 y a mí y a otros nos los espetan a $11.99”, dijo
airado Edwin
Vázquez, quien mandó a El Jíbaro para los
pulgueros y a la ruta de la carretera
PR-129 de Arecibo a Lares, donde la práctica es más
abierta y descarada.
Parece que Andrés Jiménez ha
destapado una caja de pandora porque los establecimientos que venden
copias
originales y fraudulentas tienden a devolver las grabaciones
legítimas cuando
concluye la Navidad.
El Jíbaro considera que la
piratería de discos es un esquema de fraude de enormes
proporciones.
“El formato digipack no es fácil
de piratear. Tiene que hacerse en una prensa especial que no la hay en
Puerto
Rico. Y el que lo hace es alguien que sabe”.
Tampoco le parece justo que las
autoridades federales intervengan con los piratas de películas y
no se
preocupen por los productores independientes de discos.
“Pienso que cuando se mueven es
cuando se atenta contra los intereses de la Metro Goldwyn, Sony u otra
transnacional que pierde millones, pero en los casos de los
pequeños no
actúan”.
El Jíbaro regresará a
Río Piedras
antes de Nochebuena.
SAN JUAN - Un matrimonio convicto por piratería de películas de cine fue sentenciado a un año de cárcel y tres meses de libertad supervisada por el juez federal José A. Fusté, se informó hoy.
Según un comunicado de prensa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), el juez Fusté, además, le ordenó a Alejandro Babilonia, de 33 años, y su esposa Bethzaida Muñiz, de 32, restituir $70,000 a la Asociación Americana de Películas (Motion Picture Association of America) y le ocupó otros $70,000 para el gobierno federal.
En octubre de 2005, Babilonia y Muñiz se declararon culpables por violar los derechos de autor y de traficar marcas registradas. El matrimonio operaba un laboratorio donde reproducían en masa filmes pirateados que luego los distribuían por el área oeste de la Isla.
Las autoridades le confiscaron a la pareja más de 14,000
películas pirateadas en su residencia y en dos tiendas de
alquiler de vídeos que operaban en Aguadilla y Moca,
informó el FBI. La investigación en torno a la pareja se
prolongó por nueve meses, se indicó.